Relmu Ñamku: inicia el juicio por defender territorio mapuche
Como plantea Ayben Kimvn Velázquez Malique, hija de Relmu Ñamku: “Quiero Justicia Justa. Marici weu Marici weu!” – ¡diez veces venceremos!-.Por Florencia Puente y Elisangela Soldatelli/ Foto por Nadia Sur
Hoy comienza en la ciudad de Zapala, Neuquén, el juicio donde se acusa a Relmu Ñamku, de la comunidad mapuche Wincul Newen, de tentativa de homicidio por defender el territorio de su comunidad frente al avance de empresas petroleras.
Durante dos semanas se resolverá la posible sentencia de 15 años de prisión, a través de un juicio intercultural por jurados. El carácter desmedido de la acusación da cuenta del avance ininterrumpido de la criminalización de los pueblos originarios que asumen la defensa de la tierra, y la constante estigmatización racial que sufre el pueblo mapuche frente al estado provincial y nacional.
Territorios en disputa
El territorio de la comunidad mapuche Wincul Newen está ubicada en el Paraje Portezuelo Chico, zona centro de la Provincia de Neuquén, a 25 kilómetros de la ciudad de Cutral-Co. La llegada de las empresas petroleras al territorio ya lleva alrededor de 15 años, cuando la norteamericana Pioneer Natural Resources –luego denominada Apache, Yacimientos del Sur y desde 2014 es la estatal YPF- ingresó al territorio de las comunidades cuando estas estaban en la “veranada” -momento en que las comunidades practican la trashumancia y dejan el territorio de la zona centro-. Al regresar, encuentran a la empresa en sus territorios, “el conflicto está instalado, no son las mismas condiciones y la fuerza para pelear por el territorio cuando las empresas ya están adentro”, relató Relmu en diálogo con Marcha.
Allí comienzan los primeros cortes y un proceso para fortalecer la comunidad y su institucionalidad. “A partir del conflicto la comunidad empieza a organizarse, pero el proceso es muy lento. Cuando empezamos a estar medianamente preparados para iniciar una lucha ya teníamos 10 pozos hechos”; dijo Relmu, además, las empresas en conjunto con el Estado activaron una estrategia de asedio que incluyó la militarización del territorio, inspecciones ilegales, desaparición de animales en pastoreo vitales para la comunidad y fragmentación de las comunidades a partir de ofrecimientos de trabajo que debilitaron la posibilidad de acción conjunta.
Crónica del asedio a la comunidad
Una década de resistencias limitaron el proyecto inicial que tenía la empresa de cuarenta a diez pozos petroleros y una planta compresora concentra el gas de la zona para ser trasladado a la ciudad de Cutral Co: “nosotros ya aprendimos como se apagan los pozos, como se prenden, como bloquearlos. Convivís con eso”, relató Relmu.
Desde el año 2012 las comunidades habían logrado que el Yacimiento Portezuelo Norte detenga sus operaciones, a partir del reclamo de saneamiento por un derrame de crudo, y del pedido de inspección por parte de Subsecretaria de Medio Ambiente y de Hidrocarburos y Energía de la Provincia. Además del incumplimiento de estos reclamos, que violan el derecho de consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT, el 8 de diciembre de 2012, la Jueza Ivonne San Martin del Juzgado de Zapala, dicta una nueva orden de desalojo para la comunidad. Verónica Pelayes, la oficial de justicia que fue a notificar el desalojo, llegó a la comunidad acompañada de camionetas de la empresa Apache, policías y topadoras, plagando de irregularidades el procedimiento.
Conociendo la situación de tensión existente en la comunidad después de haber denunciado un derrame de petróleo, la oficial decide además posesionarse ante el hecho resaltando que el acceso a la comunidad constituía un camino público y que no tenían reconocimiento como comunidad por parte del Estado, lo que complicó la predisposición al diálogo, tal cual relata Relmu. Además, la oficial dio la orden a la topadora para el ingreso, poniendo en riesgo a la comunidad, cuando sólo podía limitar su accionar a la notificación. En este marco, la comunidad se defendió y Verónica Pelayes resultó herida.
Quien es quien en el juicio: un recorrido por la justicia racista de Neuquén
Verónica Pelayes, quien invoca el “terrorismo mapuche” para hablar de lo sucedido, designó como abogado a Julián Álvarez, conocido defensor de jueces de la dictadura y miembros de la Sociedad Rural. La fiscal, que asume la causa es Sandra Gonzales Taboada, quien archivó la causa por golpizas que había realizado la comunidad hace unos años, cuando varios de sus integrantes habían resultado gravemente heridos frente a un intento de desalojo.
En un primer momento, Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain fueron imputados por daños. Luego, la fiscal